Médicos
del Mundo, que trabaja desde hace quince años
con personas inmigrantes, considera que todos los
residentes en territorio europeo, cualquiera que sea
su situación administrativa, deben tener garantizado
el acceso a los servicios sanitarios.
"Médicos del Mundo"
ha enviado una carta a los eurodiputados españoles
solicitando que se modifique
la directiva sobre los procedimientos comunes para
el regreso de ciudadanos no comunitarios que residen
ilegalmente en los Estados miembros a su país
de origen, que está previsto adoptar
en el primer semestre de 2005. |
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La
organización demanda que en el artículo
9 protección
contra la expulsión, incluido
en el capítulo 3 de la directiva, se añada
el apartado siguiente en la lista de condiciones
que permitan evitar la expulsión: "la
necesidad, para toda persona residente en un Estado
miembro que padezca una enfermedad grave, de recibir
un tratamiento y unos cuidados médicos apropiados,
lo que llevará a suprimir toda medida de
expulsión a menos que se demuestre que puede
tener acceso efectivo a tratamientos y cuidados
médicos adecuados en su país de origen".
Las condiciones asociadas que demanda Médicos
del Mundo son:
-
Para las necesidades de esta Directiva, el tratamiento
y los cuidados médicos apropiados significan
tratamiento y cuidados médicos disponibles,
accesibles (materialmente, económicamente
y en la duración) y de buena calidad.
- La obligación de la prueba no puede recaer
en el solicitante considerando su especial vulnerabilidad
y su incapacidad para aportar esta prueba.
- La existencia de cuidados médicos apropiados
así como la gravedad de la enfermedad estarán
determinados por una autoridad médica independiente.
- Los Estados miembros tomarán todas las
medidas necesarias para garantizar la confidencialidad
de las razones médicas alegadas.
- Los Estados miembros garantizarán que las
decisiones negativas, en cuanto a la adjudicación
de esta protección en el marco del artículo
9, puedan ser objeto de apelación conforme
a los procedimientos descritos en la legislación
del país. Como último recurso, se
acordará la posibilidad de una apelación
o de una revisión ante un organismo judicial.
- Los procedimientos que rijan el acceso a una ayuda
jurídica en estos casos serán descritos
en la legislación del país.
También se ha enviado copia de la carta al
Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, así
como a los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales,
Jesús Caldera; Interior, José Antonio
Alonso, y Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
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