Retroceso: porque la inversión directa baja un 6,8% (7.112 millones), son restrictivos por encima del -0’1% declarado (-3% contando con los 784 DAS)

Renuncia:
- a una fiscalidad para justicia redistributiva e ingresos (-2.500M); necesidad de +4.000M (carta a Griñán).
- a los derechos EdA (Justicia: con un +5%; Sanidad, cero; Educación +1’8%; pleno empleo, -50.000 empleos; -17’9% CVOT; nada de Renta Básica)
- al cambio de modelo (Innovación, cero; -13’9% políticas Medio Ambiente, y CMA 15’5%; sostenibilidad, 50M, I+D+i sólo 1’8%; ER insuficiente, Ordenación del Territorio, control del urbanismo especulativo -20%)
- servicios públicos de calidad (baja la oferta de empleo público, que en materia de Sanidad y Servicios Sociales es inversión, calidad de los SS.PP.)
- a la financiación de los ayuntamientos (200M incondicionales, insuficiente)
- al gasto social (sube CIBS porque Dependencia sube un 49’2%)
- a la solidaridad (-0’5% en Acción Exterior y Cooperación)

Entrega: al sector privado las infraestructuras (transporte, saneamiento y depuración, infraestructuras turísticas, edificios administrativos, ciudades de la Justicia, residencias de mayores). Se destinan 257M, y esperan mover entre 2010-2020 una cuantía de 6.260’9M.

Esa colaboración público-privada es la conversión de la Junta en un negocio privado, porque crea una enorme dependencia de los poderes económicos, de las grandes empresas y de los bancos (que por cierto, siguen sin abrir el grifo del crédito para pymes, economía social y autónomos)